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Balaguer

La Plataforma Afectats per la Hipoteca pide un gran consenso social y político para parar los desahucios

La “Plataforma Afectats per la Hipoteca” pidió ayer a las fuerzas políticas, económicas y sociales de Lleida un gran pacto para terminar definitivamente con los desahucios en la provincia y coordinarse con el objetivo de defender el derecho a la vivienda de los ciudadanos después del incremento de sentencias en los últimos meses. El portavoz de la asociación, Eduard Baches, anunció la propuesta en el municipio de La Ràpita, en la comarca de la Noguera, escenario de un nuevo desalojamiento que fue paralizado por una treintena de miembros del colectivo, que evitaron, delante de la casa, que se procediera a la ejecución hipotecaria por parte del banco UNIMM, que mostró en todo momento la voluntad de avanzar con los procedimientos legales.

Según Baches, “es intolerable que un banco que ha sido rescatado por el FROB quiera actuar en contra de los ciudadanos que, con su dinero, han ayudado a que se mantenga”. Por este motivo, desde la plataforma se mostró durante toda la mañana de ayer el máximo respaldo a Juan Jiménez, afectado por el desahucio y que lamentó el largo tiempo de angustia que él y su familia están viviendo desde que en 2009 el juzgado informó del embargo de la casa por parte del banco. “Los juzgados de Balaguer van muy lentos en hacer las cosas” afirmó al mismo tiempo que reconoció una deuda con UNIMM de 22.000 euros, dinero al que se le tiene que sumar los 51.000 euros de gastos judiciales que tiene que hacer frente. Según destacó el afectado, empresario de fontanería en paro desde 2008, “no podemos pagar  tal cantidad de dinero después de haber gastado ya 150.000 euros de hipoteca en los años anteriores y de esperar en balde que nos sean ingresados los más de 80.000 euros que nos deben distintos empresarios de Lérida y del resto de Cataluña”.  Esta difícil situación lo ha llevado ya en una ocasión a acudir a Cáritas, un hecho que, según Baches, “no ha sido ni tenido en cuenta por el banco, que pidió 400 euros de buena voluntad para frenar el procedimiento de desahucio y sentarse a negociar de nuevo con el propietario de la casa” valorada en 350.000 euros.

Las protestas por esta situación se desplazaron al mediodía delante de la sucursal que UNIMM tiene en el paseo de la estación de Balaguer, donde una quincena de miembros de la plataforma reclamaron justicia y soluciones con distintos carteles y consignas. El responsable de la entidad bancaria aceptó reunirse de nuevo hoy con Jiménez y su hija, que destacó que su lucha no es por conservar la casa, sino por no tener que pagar el montante restante de la hipoteca a la que no pueden hacer frente. A partir de ahora el propietario tiene tres meses para negociar con el banco y llegar a un pacto. Desde la plataforma se indicó que éste es el tercer desahucio que se para en Lleida y se informó que la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, los alquileres sociales y de la moratoria de los desahucios superan ya las 2.000 firmas a la espera de ser analizadas para comprobar su legalidad. Por su parte, fuentes del juzgado de Balaguer aseguraron que el número de desalojos de este 2012 puede verse notablemente incrementado en el año próximo.

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